CASTILLA Y LEÓN
Valladolid concentra casi la cuarta parte de la bolsa de fraude en la comunidad En el sector inmobiliario de Castilla y León, representa 392 millones anuales
La economía sumergida en la Comunidad de Castilla y León, tanto por fraude fiscal como a la Seguridad Social, asciende a más de 11.200 millones de euros, lo que representa un 5,3% de la bolsa de dinero negro existente en nuestro país. La economía sumergida en España se sitúa en el 23% del PIB, lo que supone un montante de 208.000 millones de euros, según un informe realizado por el colectivo de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA).
Distintos estudios de varios organismos tales como el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), el Banco de España, el Consejo Económico y Social (CES), el Banco Mundial y la propia Unión Europea sitúan la economía sumergida española en una horquilla comprendida entre el 20% y el 25% del Producto Interior Bruto (PIB), frente a una media de nuestro entorno europeo diez puntos por debajo, excluidos los países del Este y de reciente incorporación.
El estudio de Gestha -realizado a partir de la extrapolación de esta estimación del 23% a las distintas provincias tomando como base los últimos datos provinciales de PIB disponible, según el INE- apunta que la provincia castellana y leonesa que concentra el mayor volumen de economía sumergida (23%) es Valladolid, con 2.547 millones de euros, seguida de cerca por León, con 2.039 millones.
Las provincias de Burgos y Salamanca, por su parte, acumulan una bolsa de fraude de 1.888 y 1.394 millones, respectivamente, seguidas de Palencia, con 810 millones y Segovia, con 745 millones. Las últimas posiciones en volumen de economía sumergida corresponden a Ávila y Soria, con 641 y 420 millones de euros.
Plan de lucha
Los técnicos de Hacienda estiman que con un plan eficaz de lucha contra el fraude, la Agencia Tributaria (AEAT) podría reducir en diez puntos porcentuales las bolsas de fraude en España, y hacerlo converger con la Unión Europea-15, hasta el 13% del PIB, lo que significaría aflorar 90.000 millones de euros y recaudar -vía impuestos- casi 21.000 millones de euros adicionales que permitirían incrementar el presupuesto relacionado con gasto social y otras necesidades. El informe de Gestha asegura que una de las principales bolsas de fraude existentes en la economía castellana y leonesa está relacionada directamente con las operaciones de compra-venta protagonizadas por empresas constructoras e inmobiliarias.
En la actualidad, sólo la evasión fiscal en el sector inmobiliario representa 8.600 millones de euros anuales en España, de los cuales 392 millones -el 4,5%- se localizan en Castilla y León.
En este sentido, los técnicos de Hacienda estiman que el 50% de los arrendamientos localizados en la comunidad de Castilla y León son alquileres sumergidos que escapan del control del fisco. En la actualidad, se calcula que existen alrededor de 32.500 alquileres sumergidos en la comunidad castellana y leonesa. Este colectivo cifra en unos 44 millones de euros anuales, las rentas sumergidas en esta región derivadas del arrendamiento de vivienda.
Pequeñas empresas
El estudio de Gestha revela que otro de los focos de fraude se encuentra en las pequeñas empresas. En la actualidad, el 97% de las compañías asentadas en Castilla y León que facturan entre 1,8 y 6 millones de euros -más de 2.900 sociedades- escapan al plan de lucha contra el fraude ya que, en la mayoría de los casos, sus cuentas anuales no tienen obligación de ser auditadas, al facturar menos de 4,7 millones de euros, contar con menos de 50 trabajadores o un activo inferior a los 2,3 millones de euros.
Por otro lado, los técnicos consideran que la adquisición de vehículos de lujo constituye también una 'válvula de escape' para dar salida al dinero negro procedente de la economía sumergida. Las ventas de vehículos de alta gama de más de 60.000 euros aumentaron un 28% en Castilla y León en el 2007, según datos de Faconauto, mientras que las matriculaciones de turismos protagonizaron «paradójicamente» un comportamiento bajista en esta comunidad durante el pasado año.
En este sentido, la cifra de billetes grandes en circulación aumentó un 3,7% en octubre, alcanzando los 112 millones de unidades en España (no hay datos regionales), siendo la segunda vez que estos billetes alcanzan los niveles máximos en nuestro país, según los últimos datos ofrecidos por el Banco de España. En el mes de octubre los billetes de 500 euros representaron el 67,1% del efectivo total distribuido en nuestro país, alcanzando la cifra de un total de 56.387 millones de euros. Un paquete de medidas para prevenir el fraude fiscal
Ante esta situación, los Técnicos de Hacienda consideran «prioritario» que los esfuerzos de la Agencia Tributaria a corto y medio plazo se centren fundamentalmente en combatir el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales, a través de la adopción de una serie de medidas organizativas, fiscales e iniciativas legislativas más exigentes.
En primer lugar, con objeto de que se puedan cumplir estas medidas y todas aquellas contempladas en la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, de manera que no se queden en una mera declaración de intenciones, Gestha considera «imprescindible» habilitar a los 8.000 técnicos del Ministerio de Hacienda, para que asuman las responsabilidades de su efectiva aplicación.
Gestha propone considerar como transmisiones especulativas de inmuebles todas aquellas que hayan permanecido en el patrimonio de la persona que transmite menos de tres años, siempre que no concurra una circunstancia objetiva que obligue al cambio de domicilio, calificando las ganancias derivadas de estas operaciones como renta general tributando dentro de la Base Imponible general al tipo resultante de aplicar la escala general del IRPF, y no al tipo actual del 18% como si fuera renta del ahorro.
Además, plantea propone crear un Registro Administrativo de Contratos de Compraventa de Inmuebles de carácter secuencial, regulando la obligación a cargo de los promotores inmobiliarios de validar estos contratos en este registro, de tal manera que se anticipen las fuentes de información indirecta a disposición de la Agencia Tributaria a ese momento anterior a la escritura, pudiendo detectar así los 'pases'.
Este registro administrativo podría centralizarse por los ayuntamientos, ya que son los primeros que conocen la existencia de nuevas promociones inmobiliarias al ser los que aprueban los proyectos y planes parciales presentados por los promotores, y disponen también de los servicios que mejor conocen y más habituados están a aplicar la legislación sectorial, al tener la mayor parte de las competencias en esta materia.
Asimismo, los técnicos de Hacienda consideran que debería establecerse para las transmisiones de viviendas no terminadas (y, por tanto, sin escritura) la obligación de notificar de forma fehaciente al promotor esta operación. Este cambio de titularidad sería también comunicado por los promotores al Registro Administrativo de Contratos de Compraventa de Inmuebles. En el fraude de declarar valores inferiores a los reales percibidos en la transmisión, Gestha propone que se apruebe el «valor único de referencia a precios de mercado».
